Brasil modifica normas para deportación de extranjeros
El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública publicó este lunes (14) nuevas normas para la deportación y repatriación de extranjeros considerados peligrosos, aplicables también en el caso de personas que hayan realizado actos contrarios a "los principios y objetivos establecidos en la Constitución brasileña".
Se consideran personas peligrosas las sospechosas de estar involucradas en actos de terrorismo; los grupos delictivos organizados, las asociaciones delictivas armadas o las personas con armas a su disposición; el tráfico de drogas, de personas o de armas de fuego; la pornografía o la explotación sexual de niños y jóvenes con hinchadas con antecedentes de violencia en los estadios.
Según el ministerio, las nuevas normas garantizan los principios de la amplia defensa y la seguridad jurídica, es decir, el cumplimiento de todos los procedimientos y plazos previstos por la ley. Entre los principales cambios está la ampliación del plazo para que las personas obligadas a abandonar el país puedan apelar la decisión administrativa. El plazo que antes era de 48 horas (dos días a partir de la notificación), ahora pasa a ser de cinco días para que el interesado se defienda.
Se mantiene la autorización legal para que las autoridades brasileñas recurran a información de agencias de inteligencia nacionales o extranjeras, pero la norma garantiza que esos datos no serán utilizados para restringir la entrada o permanencia en territorio brasileño de personas provenientes de países cuyos gobiernos persiguen a sus ciudadanos. Las autoridades responsables están obligadas a hacer públicas las razones que justifican los procesos de deportación.
En la nueva norma se mantiene el principio de que no se impedirá a nadie entrar en el país, ser repatriado o deportado sumariamente, por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas. Estas garantías se aplican también a las personas perseguidas en su país por haber cometido un delito puramente político o por haber expresado una opinión política.
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